Los recursos energéticos son uno de los bienes más importantes de un Estado. Los hidrocarburos son recursos no renovables, y por lo tanto estratégicos. Parece lógico entonces que el Estado asuma un control mayor sobre su inversión, distribución y precios. En este sentido la política nacional aplicada desde 1907 creó una reserva estatal sobre los mismos. Desde 1913 se denunciaron maniobras tendientes a impedir la explotación estatal y extranjerizar la extracción y distribución.
La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) manifestó la decisión de implementar una política petrolera con sentido nacional y estatal. Fue así que el marco del Estado de Bienestar, YPF operó como creadora de identidades, impulsora del desarrollo de ciudades y poblamiento regional.
Con la irrupción de las políticas neoliberales y la demonización de la empresa pública, el desmantelamiento y posterior privatización de YPF, fueron inevitables.
El nuevo escenario de la estatización debería aprovechase como una oportunidad de orientar el esfuerzo estatal hacia la exploración y la ampliación de la capacidad productiva.
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